UNA CULTURA DE PAZ FRENTE AL ACTO CONDENATORIO DE PENA DE MUERTE
¿QUIEREN CAMBIOS EN LA SOCIEDAD?, pues EDUQUEN A LA GENTE. ¡EXIJAMOS SOLUCIONES REALES!
No pienso en la posibilidad de una pena de muerte para nadie; esas arengas demagógicas hoy que piden el cese de una vida solo nos demuestran irracionalidad pasional llevada por el momento. Es ilógico, y de doble moral pedir pena de muerte desde un set de televisión, o páginas de prensa, cuando vemos por esa misma señal televisiva, programas sexistas en horarios de protección al menor, y peor aún auspiciadores millonarios que los solventan, y que, ¡oh, sorpresa!, también hoy salen a hacer declaraciones condenatorias. Ilógico, que las páginas de los diarios, so pretexto de espacios contratados, e información de espectáculos, se desdigan de lo que sus líneas editoriales “moralistas, bien pensadas y correctas” manifiestan, y dejen abiertamente expresados mensajes subliminales, en favor de machismos asolapados, explotación sexual de menores, exhibicionismos faranduleros, y uso de drogas y narcóticos, contribuyendo con esto a la decadencia moral de la sociedad. La misma, que muchos consumen día a día.
Es comprensible, y entendible, que la gente se indigne masivamente y rechace el ultraje y asesinato de una niña de 11 años, a cargo de César Alva, conocido como el “Monstruo de la Huayrona”, hecho que ha estremecido al país estos últimos días, convirtiéndose en tema mediático. Y digo mediático porque recordemos que este problema no está aislado de otros casos de denuncia diaria por abuso a menores de edad y mujeres. Allí tienen, las denuncias que la comunidad de Puerto Maldonado, dejo expresado al papa Francisco, durante su visita al Perú, hace quince días: explotación sexual de menores, trata en favor de mercados sexuales, “esclavismo sexual” como lo llamó el Pontífice. Escuchar todo esto, trasmitido y televisado, deja en claro, y revela, la indiferencia y pasividad del Estado frente a casos como estos, que terminan siendo archivados, pienso, en alguna alejada dependencia policial o judicial. Por eso, salir a protestar, realizar marchas de conscientización, fijar puntos de encuentro para el debate, es necesario, sobre todo porque sirve para que la sociedad civil tome consciencia respecto a los peligros a la que son víctimas los menores de edad en una sociedad tan mercantilizada como la que tenemos, y por supuesto, también para que las autoridades tomen cartas en el asunto al momento de hacer que las leyes sean más efectivas y cumplidas. Sin embargo, nuestra observación debe aterrizar en un análisis mayor.
Miren cómo está la justicia en este país. Es irresponsable pensar en un acto condenatorio de esa magnitud cuando el Poder Judicial peruano no ofrece garantías de juicios transparentes y limpios, cuando vivimos en una sociedad, en su gran parte adulta corrupta, que toma como bueno, justo, servible o productivo, lo insano e irracional, lo mediato. No estoy a favor de ninguna vejación ni sexual, ni laboral ni judicial, eso lo tengo claro. Sin embargo, tampoco puedo caer en el juego de tirar la piedra y esconder la mano.
Nuestro compromiso con el Pacto de San José
Cito, desde el punto legal, lo que expone Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP, respecto a este punto, “En el Perú, hoy en día, no es posible sancionar los asesinatos o violaciones con pena de muerte, porque el Estado ratificó en julio de 1978 un tratado internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José) donde hay dos artículos claves: El impedimento a extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios, y la libre y sesgada interpretación de la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos.” Según ella, “cuando el Perú ratificó el tratado, estaba vigente la pena de muerte para los delitos de “traición a la patria en caso de guerra exterior”, “homicidio calificado” y otros supuestos. Sin embargo, la Constitución de 1979 solo mantuvo la pena de muerte por “traición a la patria” y eliminó los demás. El asesinato y la violación son delitos que nunca estuvieron bajo el supuesto de la pena capital, por lo que su aplicación está prohibida.”
Ante esto, que he citado anteriormente, me llama la atención que personas irresponsablemente, y que se dicen !oh, sorpresa, democráticas!, estén moviendo temas zanjados desde el punto de vista legal y constitucional. La solución no está en proponer penas de muerte, o agitar a la ciudadanía, para desorientarla. Para tal caso, los únicos criminales serían quienes matan el pensamiento libre y crítico de la gente, y la han condenado al atraso colectivo y educativo, quienes han hecho de la educación su negocio particular, o han lucrado con la inocencia de muchos padres que confían en que el Estado les provea de una educación exitosa. Para nadie, debe ser aplicable la pena de muerte, sí, para la ignorancia y la mediocridad que hace que la sociedad entre en crisis de visión humanitaria.
El dilema moral a una crisis real
El problema, siempre he creído, radica en que a la gente no se da el soporte moral formativo necesario, a los niños y niñas, a los adolescentes mismos, se les descuida en su formación. Y cuando hablo de formación no me refiero a la escolarización e institucionalización de la educación, me refiero a la asistencia presente en la formación de valores, a la imagen del ejemplo coherente y consecuente, al cuidado y preocupación por el futuro de la gente, de los miembros de la familia, sobre todo de los más jóvenes. Las familias han descuidado ese rol, y con toda razón, si tenemos como espejo simétrico, a un Estado que ha descuidado ese rol como ente protector de las mismas, abandonándolas a su libre albedrío de sobrevivencia y arrojándolas hacia ese vacío de la subsistencia solitaria, so pretexto de la modernidad y el desarrollo de los tiempos “mejores”. La sociedad misma,a través del Estado, en su gran aparato formador no asume ese rol, ni creo que lo asuma nunca, al ver las cosas como marchan, para muestra un botón, miremos, el manoseo de consciencias de los políticos.
La luz al final del túnel vacío de la condena social, del progreso social, del futuro, es la educación, la educación de la gente. Siempre he tenido una visión pedagógica de la vida, unida a ese carácter objetivo de la información, producto del maestro y del periodista que viven en mí. Me preocupa, en sobremanera, que los temas de fondo se pasen por agua tibia, como la corrupción de nuestros gobiernos a nivel de todos sus estamentos, como la sumisión y conformismo político de la ciudadanía misma. Me preocupa que temas como la privatización superior de la educación, hoy abandonada a inversionistas nada serios ni comprometidos con el desarrollo del país; la doble moral de las currículas estatales educativas, que han terminado burocratizando la labor de los millones de maestros, atándolos a papeles y procesos interminables e irrespirables de control; y el trabajo que hace la SUNEDU, queden, así por decirlo, sin observación, por ejemplo, al hacerle creer a la gente que la esta Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que atiende bajo la mirada de los estándares que proponen las movidas de los mercados internos y externos, protege la educación universitaria del país cuando no es cierto, ya que es notorio ver el perfil que se les intenta dar hoy a las universidades: empresas privadas que producen personas para el mercado, bajo esa fachada falsa del emprendedor y de la meritocracia, únicas vías de “progreso” aceptado. Me preocupa la falta de compromiso de los Medios de Comunicación con la ética del país, el abandono de políticas de Estado en beneficio de los propios ciudadanos peruanos, que cada día sienten como distinto e irreconocible su propia nación.
Una cultura de paz como solución viable
Lima, 8 de febrero del 2018
No pienso en la posibilidad de una pena de muerte para nadie; esas arengas demagógicas hoy que piden el cese de una vida solo nos demuestran irracionalidad pasional llevada por el momento. Es ilógico, y de doble moral pedir pena de muerte desde un set de televisión, o páginas de prensa, cuando vemos por esa misma señal televisiva, programas sexistas en horarios de protección al menor, y peor aún auspiciadores millonarios que los solventan, y que, ¡oh, sorpresa!, también hoy salen a hacer declaraciones condenatorias. Ilógico, que las páginas de los diarios, so pretexto de espacios contratados, e información de espectáculos, se desdigan de lo que sus líneas editoriales “moralistas, bien pensadas y correctas” manifiestan, y dejen abiertamente expresados mensajes subliminales, en favor de machismos asolapados, explotación sexual de menores, exhibicionismos faranduleros, y uso de drogas y narcóticos, contribuyendo con esto a la decadencia moral de la sociedad. La misma, que muchos consumen día a día.
Es comprensible, y entendible, que la gente se indigne masivamente y rechace el ultraje y asesinato de una niña de 11 años, a cargo de César Alva, conocido como el “Monstruo de la Huayrona”, hecho que ha estremecido al país estos últimos días, convirtiéndose en tema mediático. Y digo mediático porque recordemos que este problema no está aislado de otros casos de denuncia diaria por abuso a menores de edad y mujeres. Allí tienen, las denuncias que la comunidad de Puerto Maldonado, dejo expresado al papa Francisco, durante su visita al Perú, hace quince días: explotación sexual de menores, trata en favor de mercados sexuales, “esclavismo sexual” como lo llamó el Pontífice. Escuchar todo esto, trasmitido y televisado, deja en claro, y revela, la indiferencia y pasividad del Estado frente a casos como estos, que terminan siendo archivados, pienso, en alguna alejada dependencia policial o judicial. Por eso, salir a protestar, realizar marchas de conscientización, fijar puntos de encuentro para el debate, es necesario, sobre todo porque sirve para que la sociedad civil tome consciencia respecto a los peligros a la que son víctimas los menores de edad en una sociedad tan mercantilizada como la que tenemos, y por supuesto, también para que las autoridades tomen cartas en el asunto al momento de hacer que las leyes sean más efectivas y cumplidas. Sin embargo, nuestra observación debe aterrizar en un análisis mayor.Miren cómo está la justicia en este país. Es irresponsable pensar en un acto condenatorio de esa magnitud cuando el Poder Judicial peruano no ofrece garantías de juicios transparentes y limpios, cuando vivimos en una sociedad, en su gran parte adulta corrupta, que toma como bueno, justo, servible o productivo, lo insano e irracional, lo mediato. No estoy a favor de ninguna vejación ni sexual, ni laboral ni judicial, eso lo tengo claro. Sin embargo, tampoco puedo caer en el juego de tirar la piedra y esconder la mano.
Cito, desde el punto legal, lo que expone Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP, respecto a este punto, “En el Perú, hoy en día, no es posible sancionar los asesinatos o violaciones con pena de muerte, porque el Estado ratificó en julio de 1978 un tratado internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José) donde hay dos artículos claves: El impedimento a extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios, y la libre y sesgada interpretación de la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos.” Según ella, “cuando el Perú ratificó el tratado, estaba vigente la pena de muerte para los delitos de “traición a la patria en caso de guerra exterior”, “homicidio calificado” y otros supuestos. Sin embargo, la Constitución de 1979 solo mantuvo la pena de muerte por “traición a la patria” y eliminó los demás. El asesinato y la violación son delitos que nunca estuvieron bajo el supuesto de la pena capital, por lo que su aplicación está prohibida.” Ante esto, que he citado anteriormente, me llama la atención que personas irresponsablemente, y que se dicen !oh, sorpresa, democráticas!, estén moviendo temas zanjados desde el punto de vista legal y constitucional. La solución no está en proponer penas de muerte, o agitar a la ciudadanía, para desorientarla. Para tal caso, los únicos criminales serían quienes matan el pensamiento libre y crítico de la gente, y la han condenado al atraso colectivo y educativo, quienes han hecho de la educación su negocio particular, o han lucrado con la inocencia de muchos padres que confían en que el Estado les provea de una educación exitosa. Para nadie, debe ser aplicable la pena de muerte, sí, para la ignorancia y la mediocridad que hace que la sociedad entre en crisis de visión humanitaria.
El dilema moral a una crisis real
El problema, siempre he creído, radica en que a la gente no se da el soporte moral formativo necesario, a los niños y niñas, a los adolescentes mismos, se les descuida en su formación. Y cuando hablo de formación no me refiero a la escolarización e institucionalización de la educación, me refiero a la asistencia presente en la formación de valores, a la imagen del ejemplo coherente y consecuente, al cuidado y preocupación por el futuro de la gente, de los miembros de la familia, sobre todo de los más jóvenes. Las familias han descuidado ese rol, y con toda razón, si tenemos como espejo simétrico, a un Estado que ha descuidado ese rol como ente protector de las mismas, abandonándolas a su libre albedrío de sobrevivencia y arrojándolas hacia ese vacío de la subsistencia solitaria, so pretexto de la modernidad y el desarrollo de los tiempos “mejores”. La sociedad misma,a través del Estado, en su gran aparato formador no asume ese rol, ni creo que lo asuma nunca, al ver las cosas como marchan, para muestra un botón, miremos, el manoseo de consciencias de los políticos. Una cultura de paz como solución viable
Pensar en una sociedad dispuesta a promover una cultura de paz, no es tan descabellada después de todo, sobre todo, si se quiere mirar al futuro. Mucho odio, xenofobia, racismo, clasismo, abuso y explotación nos separan a unos de otros, no haciéndonos ver que la apuesta por una Nación diferente no está en la unificación bajo ningún sesgo ideológico, sino en la variedad de pensamiento, pero pensamiento con criterio y fundamento. Una cultura de paz que se sustente en una educación real, en un cumplimiento de leyes adecuado y justo, en un compromiso de todos por hacer de esta Nación un territorio más habitable, culto, libre, pero sobre todo, consciente de la preocupación y solución de sus propias taras colectivas. Cito, lo que la Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz del Perú, del año 1986, sostenía, en sus textos escolares, que hasta hoy guardo con suma dedicación, “Con una educación para la Paz, el sentido moral se rebela ante todo estado de dominación y de injusticia social y busca un proyecto de sociedad nacional construida con la justicia, la libertad, la integración y el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.
Lima, 8 de febrero del 2018
Víctor Abraham
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